Después de lo ocurrido en Bagua, se generó un proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Teóricamente, a través de este proceso iban a solucionarse los problemas que dieron lugar a la protesta indígena: dictando leyes para la promoción de sus derechos y el respeto de sus territorios, diseñando un mecanismo de consulta y desarrollando una investigación independiente sobre lo acontecido en Bagua, todo ello a través de cuatro mesas de trabajo.
Sin embargo, el gobierno no está participando de buena fe en este proceso de diálogo ya que durante los casi cinco meses que éste dura, viene hostigando de forma constante a las organizaciones indígenas y obstaculizando de varias formas el desarrollo del proceso de diálogo.
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martes, 10 de noviembre de 2009
lunes, 9 de noviembre de 2009
Diálogo sin persecución
Los hechos
El 5 de junio pasado, se produjo el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo denominado “La Curva del Diablo”, ubicado en la ciudad de Bagua, al nor-oeste de la región Amazonas. Las acciones se iniciaron cuando un contingente de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) intentó sorprender a los indígenas, produciéndose un enfrentamiento en el que los manifestantes habrían desarmado a los policías de sus armamentos de largo alcance. Luego, tuvo lugar un ataque en el que un contingente mayor de efectivos de la DINOES, con el apoyo de dos helicópteros, lanzó bombas lacrimógenas, perdigones y balas para dispersar a los cientos de indígenas que ocupaban la carretera.
Después de tres horas de balacera, los pobladores del lugar rescataron los cadáveres de 4 indígenas. Todos presentaban heridas por impacto de bala en el pecho y espalda, y uno de ellos presentaba quemaduras en el estómago. Durante el enfrentamiento, 12 policías fueron ultimados por los nativos.
Ese mismo día, diferentes organizaciones sociales de las ciudades de Bagua, Bagua Grande y Jaén, se concentraron en las plazas para manifestar su indignación frente a lo ocurrido. La policía actuó como una fuerza de ocupación, apostando incluso francotiradores en los techos que disparaban a la población civil desarmada. Más de 100 personas resultaron heridas por acción de la Policía, entre ellas, la niña Lady Luz Montes, de siete años y Jhon Estela, de 21 años, quien perdió una pierna.
Por la tarde del 5 de junio, en la Estación 6 de Petroperú, los indígenas recibieron la información: “Nos han traicionado. Nos están matando a todos”. Así, un grupo de ellos, lleno de dolor y enardecido, asesinó a 10 de los policías retenidos e hirió gravemente a otros 6. Ocho personas están procesadas por estos homicidios. Al contrario de lo que ocurre con “La Curva del Diablo” –donde se han recabado múltiples testimonios–, de lo ocurrido en la Estación 6 sólo existe la versión oficial.
Según las cifras oficiales, el saldo final de estos trágicos hechos fue: 33 personas muertas: 23 policías y 10 civiles (5 pobladores de Bagua y 5 indígenas), un policía desaparecido (el Mayor Felipe Bazán) y 200 personas heridas (82 de ellas presentan lesiones producidas por arma de fuego).
Se inicia el diálogo pero sigue la persecución
Después de lo ocurrido en Bagua, se generó un proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Teóricamente, a través de este proceso iban a solucionarse los problemas que dieron lugar a la protesta indígena: dictando leyes para la promoción de sus derechos y el respeto de sus territorios, diseñando un mecanismo de consulta y desarrollando una investigación independiente sobre lo acontecido en Bagua, todo ello a través de cuatro mesas de trabajo.
Sin embargo, el gobierno no está participando de buena fe en este proceso de diálogo ya que durante los casi cinco meses que éste dura, viene hostigando de forma constante a las organizaciones indígenas y obstaculizando de varias formas el desarrollo del proceso de diálogo. Así lo muestran los siguientes elementos:
El 5 de junio pasado, se produjo el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el tramo denominado “La Curva del Diablo”, ubicado en la ciudad de Bagua, al nor-oeste de la región Amazonas. Las acciones se iniciaron cuando un contingente de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) intentó sorprender a los indígenas, produciéndose un enfrentamiento en el que los manifestantes habrían desarmado a los policías de sus armamentos de largo alcance. Luego, tuvo lugar un ataque en el que un contingente mayor de efectivos de la DINOES, con el apoyo de dos helicópteros, lanzó bombas lacrimógenas, perdigones y balas para dispersar a los cientos de indígenas que ocupaban la carretera.
Después de tres horas de balacera, los pobladores del lugar rescataron los cadáveres de 4 indígenas. Todos presentaban heridas por impacto de bala en el pecho y espalda, y uno de ellos presentaba quemaduras en el estómago. Durante el enfrentamiento, 12 policías fueron ultimados por los nativos.
Ese mismo día, diferentes organizaciones sociales de las ciudades de Bagua, Bagua Grande y Jaén, se concentraron en las plazas para manifestar su indignación frente a lo ocurrido. La policía actuó como una fuerza de ocupación, apostando incluso francotiradores en los techos que disparaban a la población civil desarmada. Más de 100 personas resultaron heridas por acción de la Policía, entre ellas, la niña Lady Luz Montes, de siete años y Jhon Estela, de 21 años, quien perdió una pierna.
Por la tarde del 5 de junio, en la Estación 6 de Petroperú, los indígenas recibieron la información: “Nos han traicionado. Nos están matando a todos”. Así, un grupo de ellos, lleno de dolor y enardecido, asesinó a 10 de los policías retenidos e hirió gravemente a otros 6. Ocho personas están procesadas por estos homicidios. Al contrario de lo que ocurre con “La Curva del Diablo” –donde se han recabado múltiples testimonios–, de lo ocurrido en la Estación 6 sólo existe la versión oficial.
Según las cifras oficiales, el saldo final de estos trágicos hechos fue: 33 personas muertas: 23 policías y 10 civiles (5 pobladores de Bagua y 5 indígenas), un policía desaparecido (el Mayor Felipe Bazán) y 200 personas heridas (82 de ellas presentan lesiones producidas por arma de fuego).
Se inicia el diálogo pero sigue la persecución
Después de lo ocurrido en Bagua, se generó un proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Teóricamente, a través de este proceso iban a solucionarse los problemas que dieron lugar a la protesta indígena: dictando leyes para la promoción de sus derechos y el respeto de sus territorios, diseñando un mecanismo de consulta y desarrollando una investigación independiente sobre lo acontecido en Bagua, todo ello a través de cuatro mesas de trabajo.
Sin embargo, el gobierno no está participando de buena fe en este proceso de diálogo ya que durante los casi cinco meses que éste dura, viene hostigando de forma constante a las organizaciones indígenas y obstaculizando de varias formas el desarrollo del proceso de diálogo. Así lo muestran los siguientes elementos:
- Militarización de los territorios indígenas, construcción a toda velocidad de nuevos cuarteles en la selva y ampliación de los cuarteles ya existentes.
- El martes 20 de octubre denuncian al líder indígena Bladimiro Tapayuri, coordinador Mesa N° 2, a pesar que el gobierno informó que no habrían más dirigentes denunciados.
- Gobierno entorpece diálogo
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/gobierno-entorpece-dialogo_49018.html
- Aidesep protesta por otra denuncia contra dirigente
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20091021/9/node/226330/todos/15
- Hay intención de silenciar a radios que no siguen línea oficial
http://www.cnr.org.pe/nueva_web/nota.shtml?x=785 - Carlos Navas, coordinador de la Mesa N° 1 y alcalde de Imacita, no sólo ha sido denunciado como si hubiera tomado parte en la muerte de los policías, sino que además siete proyectos de inversión pública que el SNIP ya le había aprobado a su municipalidad han sido paralizados.
- Jueza solicitó a Interpol capturar a Alberto Pizango y otros 4 dirigentes
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090828/1/01/todos - Disolución de AIDESEP, solicitada por el Ministerio de Justicia.
- Procuraduría pide disolución de Aidesep
http://peru21.pe/impresa/noticia/procuraduria-pide-disolucion-aidesep/2009-10-22/259228
- Inadmisible solicitud de disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
http://www.omct.org/index.php?id=&lang=es&actualPageNumber=1&articleId=8886&itemAdmin=article&PHPSESSID=3a08784c2cd72f3f3f176a81d84eac59
- Aidesep advierte que Ministerio de Justicia busca disolverla
http://www.rpp.com.pe/2009-10-22-aidesep-advierte-que-ministerio-de-justicia-busca-disolverla-noticia_217424.html
- Simon: Pedido de disolución de Aidesep es totalmente desacertado
http://www.larepublica.pe/politica/26/10/2009/yehude-simon-pedido-de-disolucion-de-aidesep-es-totalmente-desacertado - Jesús Manasés, coordinador de la comisión que está investigando los hechos de Bagua y profesor, tenía licencia sin goce de haber pero le han abierto un proceso administrativo por abandono de trabajo.
- Pese a que el gobierno se comprometió a financiar la alimentación y los pasajes de los líderes indígenas que participan en el proceso de diálogo sólo está cumpliendo con este compromiso de forma parcial.
- Insuficiente dotación presupuestaria para que la Comisión que está investigando los hechos de Bagua pueda cumplir su cometido.
- Falta de asistencia por parte del estado a los casi noventa civiles heridos de gravedad durante los hechos de Bagua. Muchos de ellos habrían muerto de no ser por el apoyo prestado por la sociedad civil. Entre ellos podemos mencionar a Jhon Estela, joven de 23 años que ha sufrido la amputación de una pierna, o Lady Luz Montes, niña de seis años que sufrió un disparo de AKM junto a la columna.
- Heridos de masacre se recuperan en Chiclayo
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/chiclayo/noticia.php?IDnoticia=1516
- Civiles heridos en “Baguazo” no reciben ayuda del gobierno
http://www.cnr.org.pe/nueva_web/nota.shtml?x=310
domingo, 8 de noviembre de 2009
Recomendaciones que llaman al diálogo y piden el ceso a la persecución
Amnistía Internacional,
Declaración Pública. AMR 46/011/2009.30 Julio 2009
“El Gobierno debe ahora garantizar que dicha consulta se realice a través de los representantes de los pueblos indígenas libremente elegidos por ellos, de acuerdo a sus costumbres. Para que este proceso de diálogo que se ha iniciado tenga resultados que sean aceptados por los pueblos indígenas es importante que se garantice la participación de sus líderes legítimos. En este sentido, Amnistía Internacional ve con preocupación la naturaleza de los cargos presentados contra varios dirigentes indígenas que en la opinión de la organización son desproporcionados, no sustentados y podrían ser políticamente motivados. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a revisar dichos cargos”.
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, S. James Anaya.
OBSERVACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA Y LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO Y DÍAS POSTERIORES EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, PERÚ. 20 Julio de 2009:
“Como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el dialogo es indispensable. Sin embargo, le preocupa que de conformidad con información recibida, el 23 de junio agentes de la policía habrían ingresado a la sede de ORPIAN, una organización regional indígena que forma parte de la AIDESEP, buscando a dirigentes de dicha organización y deteniendo a una persona. Además, el Relator Especial nota con preocupación que, al parecer, continúan haciéndose imputaciones penales contra dirigentes indígenas por supuestos delitos vinculados a su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, tal como lo evidencian las ordenes de detención contra varios dirigentes indígenas en la semana del 6 de julio. Estas órdenes claramente ponen en peligro el proceso de diálogo iniciado en torno al acuerdo de 22 de junio de 2009 mencionado anteriormente”.
Informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH.
Perú - Bagua: “Derramamiento de Sangre en el Contexto del Paro Amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe”. Octubre/09. N°529:
“Cesar todo tipo de hostigamiento –ya sea de carácter judicial, administrativo y mediático– contra las organizaciones y los dirigentes de los pueblos indígenas que protagonizaron la última protesta amazónica. Cuando no estén basadas en ningún hecho probatorio serio, las investigaciones judiciales y las órdenes de captura contra dirigentes y/o miembros de organizaciones de los pueblos indígenas deberán ser levantadas. Promover el diálogo ya iniciado entre el gobierno y las organizaciones indígenas, el cual debe llegar a acuerdos sustantivos que permitan abordar las causas del conflicto, las soluciones a los mismos y la búsqueda de una necesaria reconciliación”.
Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo.
“Alto a la violencia”. Lima, junio 2009
“Invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las personas afectadas y a todo el país”.
Declaración Pública. AMR 46/011/2009.30 Julio 2009
“El Gobierno debe ahora garantizar que dicha consulta se realice a través de los representantes de los pueblos indígenas libremente elegidos por ellos, de acuerdo a sus costumbres. Para que este proceso de diálogo que se ha iniciado tenga resultados que sean aceptados por los pueblos indígenas es importante que se garantice la participación de sus líderes legítimos. En este sentido, Amnistía Internacional ve con preocupación la naturaleza de los cargos presentados contra varios dirigentes indígenas que en la opinión de la organización son desproporcionados, no sustentados y podrían ser políticamente motivados. Amnistía Internacional exhorta a las autoridades a revisar dichos cargos”.
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, S. James Anaya.
OBSERVACIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA Y LOS SUCESOS DEL 5 DE JUNIO Y DÍAS POSTERIORES EN LAS PROVINCIAS DE BAGUA Y UTCUBAMBA, PERÚ. 20 Julio de 2009:
“Como una medida encaminada a generar confianza entre las partes para avanzar en el proceso de diálogo, el Relator recomienda que las autoridades competentes revisen las imputaciones y procesos judiciales contra dirigentes y autoridades indígenas, cuya participación en el dialogo es indispensable. Sin embargo, le preocupa que de conformidad con información recibida, el 23 de junio agentes de la policía habrían ingresado a la sede de ORPIAN, una organización regional indígena que forma parte de la AIDESEP, buscando a dirigentes de dicha organización y deteniendo a una persona. Además, el Relator Especial nota con preocupación que, al parecer, continúan haciéndose imputaciones penales contra dirigentes indígenas por supuestos delitos vinculados a su participación en los actos de protesta de los pueblos indígenas, tal como lo evidencian las ordenes de detención contra varios dirigentes indígenas en la semana del 6 de julio. Estas órdenes claramente ponen en peligro el proceso de diálogo iniciado en torno al acuerdo de 22 de junio de 2009 mencionado anteriormente”.
Informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH.
Perú - Bagua: “Derramamiento de Sangre en el Contexto del Paro Amazónico. Urge abrir diálogo de buena fe”. Octubre/09. N°529:
“Cesar todo tipo de hostigamiento –ya sea de carácter judicial, administrativo y mediático– contra las organizaciones y los dirigentes de los pueblos indígenas que protagonizaron la última protesta amazónica. Cuando no estén basadas en ningún hecho probatorio serio, las investigaciones judiciales y las órdenes de captura contra dirigentes y/o miembros de organizaciones de los pueblos indígenas deberán ser levantadas. Promover el diálogo ya iniciado entre el gobierno y las organizaciones indígenas, el cual debe llegar a acuerdos sustantivos que permitan abordar las causas del conflicto, las soluciones a los mismos y la búsqueda de una necesaria reconciliación”.
Pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana y la Defensoría del Pueblo.
“Alto a la violencia”. Lima, junio 2009
“Invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las personas afectadas y a todo el país”.
viernes, 6 de noviembre de 2009
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Si no funciona el enlace anterior copiar el texto de la carta que aparece en el recuadro y enviarla a los siguientes e-mail: para: secretariageneral@presidencia.gob.pe cc: ministro@mininter.gob.pe, apastor@minjus.gob.pe, ministro@mininter.gob.pe, rchiri@mindef.gob.pe, nvilchez@mimdes.gob.pe, fgala@minem.gob.pe, dcamac@minem.gob.pe, hvaldivia@minag.gob.pe
También puede enviar una carta al Presidente a través del portal de la presidencia. Clic aquí
| Doctor ALAN GARCÍA PÉREZ Presidente de la República del Perú Presente.- Estimado señor: Como muchos ciudadanos peruanos y extranjeros asistí con consternación a los lamentables hechos ocurridos en Bagua en junio de este año. Considero que lo ocurrido pudo ser evitado si el estado hubiera protegido debidamente los derechos de los pueblos indígenas en el Perú y en especial sus territorios, conforme lo establece el Convenio 169 de la OIT. Para evitar que lo sucedido se repita es necesario que las víctimas sean reparadas, que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados, y que se lleven a cabo las reformas institucionales y políticas necesarias para que los derechos de los pueblos indígenas peruanos sean respetados, todo ello en diálogo con los pueblos indígenas. Sin embargo, resulta imposible que este diálogo se produzca si los pueblos indígenas y sus dirigentes continúan siendo hostilizados. Por ello le pido que tome las disposiciones pertinentes para que los representantes del estado participen de buena fe en el diálogo con los pueblos indígenas, deteniendo el hostigamiento contra estos e implementando a la mayor brevedad las propuestas avanzadas en el proceso que se prolonga ya más de seis meses. Atentamente, Nombre DNI CC. Ministerio de Justicia Ministerio de Interior Ministro de Defensa PCM Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social Ministerio de Energía y Minas Ministerio del Ambiente |
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